CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS

Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas

57o periodo de Sesiones, marzo 19 – 27 abril, 2001

Tema 5 del Programa: El Derecho de Los Pueblos a la Libre Determinacion

Intervencion por escrito del Consejo Internacional de Tratados Indios -CITI- y

Defensoría Maya de Guatemala

El Consejo Internacional de Tratados Indios considera muy importante dar a conocer a esta honorable Comisión de Derechos Humanos a cerca de lo que ocurre en Guatemala, país al que le hemos dado seguimiento sobre los avances o retrocesos en el reconocimiento de los derechos del Pueblo Maya, y principalmente el cumplimiento del derecho de la libre determinacion.

Guatemala, tiene una población de doce millones y medio de habitantes, del cual, el 70% es Pueblo Maya. Este pueblo cuenta con sus propios sistemas: jurídico, político, económico, educativo, salud; además de poseer su propia filosofía, estructura de gobierno, autoridades, territorio, recursos naturales, idioma, prácticas espirituales propias, identidad y cultura, herencia de los Mayas que dieron grandes aportes a la ciencia y tecnología universal, por ejemplo, la invención y utilización del 0 (cero).

Desde hace muchos siglos, el Pueblo Maya ha sido subyugado y sometido por una minoría de la población, habiendo establecido para ello, un Estado y un sistema de leyes que permiten la práctica del racismo, la discriminación y la exclusión sistemática hacia los pueblos indígenas, aunque en la constitución política de dicho país no encontramos un sólo artículo que habla de discriminación, en lo cotidiano, sí se practica.

Esta situación legal, jurídica y constitucional ha garantizado muchos abusos a los derechos del Pueblo Maya, como por ejemplo, el sometimiento de dichas comunidades a una miseria y pobreza extrema, usurpación, despojo y robo de sus tierras, territorios y recursos; trabajos esclavizantes a cambio de salarios de hambre; genocidio sin que la humanidad se pronuncie por ello; sometimiento a un sistema educativo e idioma ajeno; destrucción sistemática del pensamiento, filosofía y práctica maya; exclusión permanente y sistemática de las tomas de decisiones políticas macros que ocurren en el país; utilización como mercancía de la cultura Maya; malos tratos y humillaciones hacia los mayas en las diferentes instituciones administrativas del Estado; y otros abusos que ocurren constantemente.

Por estas situaciones muchas personas del Pueblo Maya participaron activamente en diferentes escenarios y organizaciones durante el conflicto armado interno que duró 36 años en Guatemala, teniendo presente cambiar la situación histórica y estructural que mantiene a los Pueblos Indígenas en condiciones de sometimiento y esclavitud.

En el marco de las negociaciones por la Paz en Guatemala, y como resultado del diálogo entre el gobierno, ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-, el 31 de marzo de 1995, por primera vez en la historia del País, se reconoció por medio del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, la práctica sistemática de la discriminación y exclusión hacia el Pueblo Maya, estableciendo ciertos lineamientos y mecanismos para iniciar un largo proceso de finalización con dicha práctica social y estatal.

A cinco años de la firma del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, se puede decir y comprobar, que la iniciativa y voluntad de los gobiernos, pasado y actual, no se han encaminado a la dirección de finalizar con el racismo y la discriminación; es más, durante el presente gobierno del Presidente Portillo se ha iniciado con una práctica peligrosa de manejar dos discursos, uno dirigido a la opinión pública internacional y, otro, el discurso práctico de ignorar toda propuesta Maya que intenta cuestionar el sistema político y jurídico existente en el país.

No se puede negar que en el gabinete actual del gobierno, participan algunos mayas, pero su acción política ha sido neutralizada y asimilada por la política general de racismo del mismo gobierno, por lo que la inclusión de estos mayas, parece estar ubicado dentro de la línea de folclorizar la política del Estado, es decir, tener justificación de tomar en cuenta a los indígenas, pero que en la práctica, las políticas Públicas del Estado, las leyes, la constitución y las prácticas del racismo siguen intactas.

Tampoco se resuelve el problema de la discriminación de Estado incluyendo solamente algunas personas mayas de manera aislada. Lo que se necesita es que el gobierno y el Estado consideren al Pueblo Maya como tal y le respeten sus decisiones.

Hay un ejemplo concreto de racismo y discriminación: El congreso de la República mantiene en su agenda, reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que posibilitaría grandes cambios y aperturas para la participación de los Pueblos Indígenas; sin embargo, frente a la propuesta Maya de reconocer el sistema político propio y de garantizar la elección de diputados mayas según los preceptos y prácticas mayas, que permitiría un pluralismo político en el país, el discurso y la ideología que se maneja en todo el gobierno es, no se aceptará nada que tenga que ver con el Pueblo Maya e indígena.

En mayo de 1999, se llevó a cabo la consulta popular, donde se intentaba reformar algunas reformas a  la Constitución Política, pero el mismo gobierno de ese entonces y sectores ultraconservadores, generaron un ambiente de terror y de miedo, frente a la posibilidad de aprobar dichas reformas en el referéndum mencionado, que beneficiaban algunos aspectos de la vida del Pueblo Maya. El gobierno actual puede justificar que por ello no quiere retomar el tema relacionado con Pueblos Indígenas, pero teniendo mayoría de diputados en el Congreso y si realmente tiene voluntad, puede hacer los cambios jurídicos y legales necesarios.

El CITI valora enormemente el hecho de que durante el mes de diciembre del año 2,000, la Comisión de Acompañamiento del Proceso de Paz en Guatemala, recalendarizó el cumplimiento de ciertos aspectos de contenidos de los Acuerdos de Paz, entre ellos el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, manifiesta su preocupación, dado a que, pese, que existen muchas organizaciones mayas e indígenas en el país, ninguna de ellas fue convocada, ni por el gobierno, ni por la URNG, para hablar del proceso futuro en relación a la vida del Pueblo Maya. Esta situación pone de manifiesto de nuevo la continuidad de una política gubernamentales de exclusión hacia la mayoría de la población.

La dirigencia del Pueblo Maya tiene claridad que el país no necesita más guerras internas para realizar los cambios jurídicos, políticos y constitucionales necesarios para reconocer la existencia del Pueblo Maya y sus derechos inherentes, así como hacer efectivo el respeto y cumplimiento. El Proceso de Paz ha abierto un camino de diálogo permanente, pero si las autoridades y el propio gobierno actual no le pone énfasis a la apertura de un acercamiento serio y maduro con las autoridades y representantes del Pueblo Maya, puede ponerse en riesgo el futuro del país, si sigue prevaleciendo solamente los intereses de grupo y partidos políticos como ocurre en la actualidad.

El Consejo Internacional de Tratados Indios apoya los esfuerzos que realizan las organizaciones del Pueblo Maya en aras de que algún día, la discriminación, el racismo y la exclusión política, económica, social, cultural, jurídica, educativa, espiritual, etc., finalicen.

Solicita a las Naciones Unidas, principalmente a la Comisión de los Derechos Humanos, para que por su intermedio, se pida al gobierno de Guatemala, haga los esfuerzos necesarios para llevar a cabo lo siguiente:

1. Realizar de forma inmediata los cambios y reformas de leyes que obstruyen la participación equitativa y en igualdad de condiciones del Pueblo Maya junto con los otros pueblos.

2. Destine recursos financieros del Estado a los Pueblos Indígenas, para que puedan desarrollar sus planes políticos, económicos, educativos, culturales, espirituales y otros. Este recurso debe ser puesto en manos de instituciones eminentemente mayas, para que sea manejado y administrado de manera autónoma.

3. Reconozca jurídica y constitucionalmente la existencia del Pueblo Maya, generar y propiciando mecanismos para que las instituciones de este Pueblo se puedan desarrollar sin interferencia de las políticas gubernamentales.

4. Apoyar los esfuerzos de representantes y organizaciones mayas en el establecimiento de un organismo maya nacional, donde se analice, discuta y se definan las políticas macros necesarios para el desarrollo de la vida del Pueblo Maya.

5. Continuar con seriedad el cumplimiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en el marco de los Acuerdos de Paz, iniciando un diálogo con los propios representantes mayas para fijar calendario de acciones y poder dar cumplimiento a dicho Acuerdo.

6. Instalar lo más urgente posible, una Comisión Nacional de diálogo entre el gobierno y representantes de organizaciones y autoridades del Pueblo Maya, para definir prioridades y mecanismos de solución a los problemas más urgentes que afronta dicho Pueblo, sobre la base de los principios de Libre determinación e igualdad de condiciones en la participación.

El CITI considera que la comunidad internacional, principalmente las Naciones Unidas, puede seguir vigilando y apoyando los esfuerzos del gobierno y el Pueblo Maya en Guatemala para que el Estado sea un ente representativo y garante de los intereses y necesidades de los pueblos que cohabitan en el territorio, a saber: el Pueblo Maya, el Pueblo Garífuna, el Pueblo Xinka y el Pueblo Ladino.

El CITI anima al gobierno de Guatemala para que siga firmemente en su política exterior de apoyar incondicionalmente la lucha de los Pueblos Indígenas, tal y como ha hecho práctico al discutirse el Proyecto de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas.

Pero internamente es necesario tambien romper con el monopolio político y las imposiciones de un pequeño y reducido grupo de poder en el país. Para ello es necesario reconocer y cumplir con los derechos de nuestro Pueblo Maya.