CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS

Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas

59o Periodo de sesiones, Tema 6, Racismo, discriminación racial, xenofobia y todas formas de discriminación,

Intervención escrita de Consejo Internacional de Tratados Indios

El Consejo Internacional de Tratados Indios a través de Defensoría Maya y las organizaciones miembros en Guatemala, tiene conocimiento profundo de la situación de los Pueblos Indígenas en Guatemala.

La estructuración del Estado de Guatemala se ha dado sobre bases de exclusión, marginación, discriminación y racismo contra los Pueblos Indígenas, 70% de la población. Desde 1524 a la fecha, el sistema en su conjunto ha sido de imposición por la vía jurídica y/o represiva, que ha generado pobreza extrema, miseria, desnutrición, mortalidad, abusos y usurpaciones de sus propiedades, recursos naturales, tierras, territorios; menosprecio total hacia la Identidad, cultura, pensamiento, visión y cosmovisión del Pueblo Maya, agregándose a ello asesinatos producidos contra los Ajq’ijab’ o autoridades mayas, acusaciones en contra de su práctica espiritual, además de masacres, represión sistemática y abandono total.

La Constitución Política no reconoce al Pueblo Maya, lo que genera desigualdad, marginación y exclusión en la toma de decisiones en la conducción política y económica del Estado. La mayoría de grupos de poder económico y político justifican el racismo y la exclusión sobre el supuesto principio de la igualdad, la que no se traduce en leyes ni en la práctica.

Los racistas se niegan a reconocer que un Pueblo subyugado y sometido tras cientos de años necesita mecanismos eficaces para contribuir a su fortalecimiento y generar condiciones para su desarrollo, de manera que alcance a poner en práctica el principio de Igualdad. Se niegan a hacer reformas jurídicas y políticas porque dicen que no se pueden crear leyes específicas ni derechos especiales, con tal de mantener su dominio y hegemonía.

La mayoría del Pueblo Maya y los Pueblos Indígenas son vistos y tratados de segunda categoría. Por ejemplo, en junio, 2002, la empresa "El Tarro Dorado" ubicada en la ciudad capital, vedó el ingreso a la Doctora Maya K'iché Irma Alicia Velásquez Nimatuj, por vestir su traje Maya.  Otro caso denigrante es de la discoteca "La Frata" ubicada en Quetzaltenango, en diciembre, 2002, en contra de María Olimpia López López a quien también se le vedó su traje Maya. Otros hechos acaecidos en hoteles, hospitales, universidades, escuelas públicas y demás han sido registrados y hecho del conocimiento de las autoridades.

El Racismo es secular manifestándose abierta y cotidianamente contra mujeres, niños, ancianos y demás indígenas que hacen uso de las instituciones públicas y privadas, tales como, tribunales de justicia, el Congreso y otras oficinas de servicio público, hospitales, bancos, industrias, centros comerciales, municipalidades, entre otros.

A partir de los años 90's a la fecha, se incrementó la organización social del Pueblo Maya por reclamar sus derechos, dando pasos concretos para generar y consensuar propuestas para la solución del problema. Resultados son el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas; la ratificación del Convenio 169; el establecimiento de espacios de cabildeo, diálogo y negociación; creación de instituciones como la Academia de las Lenguas Mayas; la conformación de estrategias y programas para una Reforma Educativa para crear una nueva mentalidad y visión de la diversidad de Identidades y Pueblos existentes en el país.

Existe promoción y defensa de los Derechos que seguramente redundarán en beneficio de toda la población.

En Septiembre, 2002, diversas organizaciones del Pueblo Maya decidieron instalar un Tribunal de Conciencia contra el Racismo. Se avanzó en la primera fase y se terminará de construir en el 2003. Este Tribunal tiene la facultad de conocer casos, procesar denuncias y emitir resoluciones morales y políticas, además de hacer recomendaciones a la sociedad y al Estado para dar pasos concretos de solución al racismo.

Por otra parte, varias organizaciones Mayas han iniciado la construcción de un órgano del Pueblo Maya como interlocutor y mecanismo para dar cumplimiento a lo que establece el convenio 169 de la OIT en relación al mandato de que el Estado debe consultar a los Pueblos Indígenas cada vez que prevé medidas legislativas y administrativas que afecten positiva o negativamente. Este órgano o Ente del Pueblo tendría también la facultad de proponer políticas públicas, realizar negociaciones, acuerdos y tratados con el Estado.

Además de las iniciativas mencionadas está el proceso de construcción del Pluralismo Jurídico en el que se insiste el Reconocimiento del Derecho Maya y Derecho Indígena, así como la construcción de espacios jurídicos de coordinación y convergencia entre el sistema Jurídico Oficial y el Sistema Jurídico del Pueblo Maya.

Existen esfuerzos por los derechos a una Seguridad Alimentaria desde la visión del Pueblo Maya; lucha por la recuperación de la Madre Tierra que ha sido usurpada por sectores de poder; iniciativas en desarrollar comercio y producción del Pueblo Maya, así como el fortalecimiento y consolidación de los Sistemas propios del Pueblo Maya en Economía, Educación, Salud, Jurídico y Político. Estos elementos son los que garantizarán las reformas necesarias para la construcción de un Nuevo Estado y una Nueva Nación de carácter pluricultural y plurilingue.

Existen esfuerzos locales, regionales y nacionales de lucha contra el Racismo y hay confianza de que a mediano plazo tendrán sus resultados, lo que irá en beneficio de la mayoría de habitantes del país.

Con la firma de la Paz Firme y Duradera y el establecimiento del AIDPI[1] el 31 de marzo de 1995 se fijaron compromisos para erradicar la discriminación, pero los resultados son de poco impacto. Han existido diversos factores, unos que dependen de la voluntad política de los gobiernos de turno y otros, son procesos de resultado a largo plazo, como por ejemplo, la Reforma Educativa cuyos resultados no se ven de inmediato.

La acción de los gobiernos no está en cero. Hay avances pero aún son incipientes ante la magnitud del problema, porque aún falta hacer las reformas jurídicas, políticas y constitucionales necesarias para el reconocimiento de la existencia del Pueblo Maya en el país.

En 1997 se establecieron las Comisiones Paritarias conformada por representantes indígenas y el Estado para implementar ejes temáticos del AIDP, pero lamentablemente, los resultados han sido nulos, porque la mayoría de propuestas no han sido tomados en consideración por el Estado.

Otro logro importantísimo es la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena con el objeto de trabajar por los derechos de la mujer indígena. Lamentablemente el Estado no le ha brindado los recursos suficientes para llevar a cabo un trabajo de mayor intensidad y profundidad.

Una de las acciones de impacto a mediano plazo es el diseño de la Reforma Educativa que está siendo implementada por el Ministerio de Educación, aunque muchos sectores tradicionales y de poder han manifestado su oposición a la misma, es deber de los futuros gobiernos dar continuidad a la misma, para evitar grandes confrontaciones.

La Corte Suprema de Justicia al crear una Comisión de Asuntos Indígenas la que vela por las políticas de Pueblos Indígenas y el nombramiento de operadores de justicia acorde a los idiomas mayas. Esta acción necesita complementarse con el reconocimiento constitucional de la existencia y aplicación del Derecho Maya e Indígena.

El Congreso de la República emitió el Decreto 57-2002 que reforma el código penal para tipificar la discriminación como un delito. Esta reforma fue rechazada contundentemente por las organizaciones del Pueblo Maya al considerar que el Congreso no se apegó a los principios de combate a la discriminación racial como lo establece el Convenio Internacional en esta materia.

El Organismo Ejecutivo, mediante el Acuerdo Gubernativo 390-2002, creó la Comisión Presidencial  contra el Racismo y la Discriminación contra los Pueblos Indígenas. Esta comisión tiene la facultad de diseñar y dirigir políticas públicas en materia de racismo y discriminación; monitorear las actitudes de instituciones privadas; coordinar acciones con organizaciones indígenas; definir la política de Estado a nivel internacional sobre Pueblos Indígenas y otras funciones que contribuirán a mejorar la relación de las instituciones del Estado con los Pueblos Indígenas.

Los pasos por parte del Estado de Guatemala así como la creación de la Fiscalía de los Pueblos Indígenas no son suficientes o no han sido prácticos. Sirven solo como punto de partida para iniciar la erradicación real del racismo y la discriminación.

Con el propósito de seguir contribuyendo en la construcción de una Nación Pluricultural y Plurilingue, Defensoría Maya, recomienda lo siguiente al Estado:

1.   Continuar con sus esfuerzos y recursos para que se de fiel cumplimiento a los instrumentos nacionales e internacionales en materia de Pueblos Indígenas.

2.   Brindar los recursos financieros y de infraestructura necesarios para desempeñar las funciones encomendadas a la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación contra los Pueblos Indígenas y adoptar como políticas vinculantes al Estado las decisiones emanadas de dicha Comisión.

3.   Crear un rubro específico en el Presupuesto General de la Nación para el desarrollo integral del Pueblo Maya y los Pueblos Indígenas. Con ello se garantizará el apoyo a las diferentes iniciativas que existen actualmente en la lucha contra el Racismo y la Discriminación.

4.   Realizar las reformas necesarias al Decreto No 57-2002 para que se apegue a los principios que estable la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

5.   Reconocer la competencia de la Comisión de Naciones Unidas para la Discriminación Racial conforme lo estipulado el artículo 14 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial.

6.   Priorizar, entre otros la implementación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Guatemala, 19 de Enero 2003.